Por
José Antonio Artusi
Si
hay un sector de las políticas públicas en el que las propias estadísticas
oficiales desmienten el relato mentiroso e impostor del gobierno, es el de la
vivienda.
Se
acaba de publicar en internet, con el habitual atraso, el informe de auditoría
del FONAVI correspondiente al año 2011, con fecha Diciembre de 2012. Contiene,
al igual que las anteriores, datos y recomendaciones que los responsables de
los institutos provinciales de vivienda harían bien en leer y tener en cuenta.
Por
primera vez en su historia, la cantidad de viviendas terminadas en nuestra
provincia correspondientes al programa FONAVI durante 2011 fue nula, cero. Cabe
consignar que a partir del año 2003 los institutos provinciales de vivienda
cuentan, además de las transferencias automáticas del FONAVI que se reparten de
acuerdo a una alícuota fija determinada en la ley entre las distintas jurisdicciones,
con los recursos de los denominados “programas federales” de vivienda, que el
gobierno nacional reparte de manera absolutamente discrecional, deteriorando
gravemente el federalismo fiscal y perjudicando a Entre Ríos, entre otras
provincias, como hemos demostrado en otros artículos. Y la cantidad de
viviendas terminadas en 2011 correspondientes a los “programas federales” en Entre
Ríos ascendió a 166. Vale decir que entre FONAVI y programas federales se
terminaron sólo 166 unidades. Podríamos comparar esta cifra con las 1353 que se
terminaron en 2002, en plena crisis, o con las 1099 que se terminaron en 1982,
durante la dictadura militar en un año que estuvimos en guerra, o con las 3163
que se terminaron en 1980, en todos estos casos obviamente sólo con recursos
FONAVI. Desde 1976, en sólo dos ejercicios se terminaron menos viviendas que en
2011: 1976 y 1986.
De todos
modos, se podría argumentar que una comparación año a año podría ser engañosa, y
que es más razonable complementarla con un análisis por períodos más extensos.
Aceptemos este criterio y adoptemos períodos de 4 años. Veremos que la cantidad
de viviendas terminadas en el período, el promedio por año, y la relación entre
viviendas terminadas y cantidad de habitantes es la siguiente (hasta el año
2005 la cantidad corresponde a la operatoria FONAVI y a partir de allí a la sumatoria
de FONAVI más “programas federales”):
PERÍODO
|
TOTAL
VIVIENDAS TERMINADAS
|
PROMEDIO
ANUAL
|
HABITANTES
/ VIVIENDAS TERMINADAS
|
HABITANTES
|
1976/79
|
1461
|
365,25
|
2486,82
|
1980:
908.313
|
1980/83
|
6167
|
1541,75
|
589,14
|
1980:
908.313
|
1984/87
|
2584
|
646
|
1406,05
|
1980: 908.313
|
1988/91
|
5717
|
1429,25
|
713,84
|
1991:
1.020.257
|
1992/95
|
6031
|
1507,75
|
676,67
|
1991:
1.020.257
|
1996/99
|
6274
|
1568,5
|
650,46
|
1991:
1.020.257
|
2000/03
|
4522
|
1130,5
|
1024,45
|
2001:
1.158.147
|
2004/07
|
4367
|
1091,75
|
1060,81
|
2001:
1.158.147
|
2008/11
|
4205
|
1051,25
|
1175,73
|
2010:
1.235.994
|
Obsérvese
la inmensa paradoja que significa que entre 2000 y 2003, con una economía en
profunda recesión, sólo comparable con la de la crisis del 29, se terminaron
más viviendas que en los dos períodos siguientes (2004/07 y 2008/11), que coincidieron
con uno de los procesos de expansión más significativos de nuestra historia. Se
trata de cifras oficiales que muestran con contundencia el fracaso escandaloso
de las políticas públicas de vivienda en nuestra provincia. Y, por otro lado,
da cuenta dolorosamente de las enormes asignaturas pendientes de la democracia
el hecho de que la relación más favorable entre viviendas terminadas en
relación a la población corresponda al período entre 1980 y 1983, es decir los
últimos años de la dictadura.
Las
auditorías del FONAVI también brindan información acerca de las denominadas “soluciones
habitacionales”, categoría más heterogénea de intervenciones que pueden significar
desde ampliaciones hasta mejoras o incorporación de núcleos húmedos, etc.
Teniendo en cuenta que buena parte del déficit habitacional obedece a la
presencia de unidades de vivienda recuperables y/o hacinamiento, no debe
descartarse la utilización de esta herramienta aplicada al parque de viviendas
existente como un complemento válido a la construcción de nuevas unidades.
Si
bien desde el punto estadístico puede ser difícil comparar resultados, es de todos modos interesante ver
qué muestran las estadísticas oficiales al respecto, en este caso a partir de
1993:
PERÍODO
|
TOTAL
SOLUCIONES HABITACIONALES
|
PROMEDIO
ANUAL
|
HABITANTES
/ SOLUCIONES HABITACIONALES
|
HABITANTES
|
1992/95
|
249
|
62,25
|
16389,67
|
1991:
1.020.257
|
1996/99
|
1059
|
264,75
|
3853,66
|
1991:
1.020.257
|
2000/03
|
3836
|
959
|
1207,66
|
2001:
1.158.147
|
2004/07
|
16
|
4
|
289536,75
|
2001:
1.158.147
|
2008/11
|
922
|
230,5
|
5362,22
|
2010:
1.235.994
|
También
en este caso puede observarse que en el período 2000/03 se concretaron más
soluciones habitacionales que en los dos períodos siguientes, incluso
significando la sumatoria de los dos últimos menos de la cuarta parte de la
cantidad lograda a principios de siglo, durante una de las crisis políticas,
sociales y económicas más severas de nuestra historia. Nuevamente indicadores
oficiales exhiben una demostración palpable de la ineficacia puesta de
manifiesto por quienes gobiernan la provincia desde entonces.
Los
informes de auditoría también brindan información acerca de los montos y porcentajes
de recupero por cobro de cuotas de amortización. Durante 2011, Formosa y Entre
Ríos fueron las provincias que menor porcentaje de recupero tuvieron de operatorias
FONAVI: 51,30% y 55,32% respectivamente, frente a una media nacional de 72,19%.
Tomando el período entre 2003 y 2011, Entre Ríos tiene el dudoso privilegio de
integrar el lote de 5 provincias que no superan el 50% de recupero, superando,
con 48,27%, sólo a Buenos Aires, Formosa, y La Pampa, y frente a una media
nacional en el período de 64,46%.
Otro aspecto interesante de destacar es la
incidencia de la inversión en obras dentro del total de gastos de los institutos
provinciales de vivienda. Entre Ríos es la provincia que menor porcentaje de
recursos destinó a inversión en obras en 2011, sólo el 59,85%, frente a una
media nacional de 81,94%. La explicación está tanto en los abultados gastos de
funcionamiento, que absorben casi el 20% frente a una media del 13%, como en la
presencia de otro 20% de “otros egresos”, frente a una media nacional en este
rubro de un 5%. El lector se preguntará qué son “otros egresos”. El propio informe
de auditoría se encarga de explicitarlo: “Para Entre Ríos la situación obedeció a la transferencia transitoria de
fondos a la Tesorería General de la Provincia pendiente de devolución durante
el Ejercicio.” Cabe
consignar que ese 20% de “otros egresos” significan más de 52 millones de
pesos. Es en este contexto que deben
tenerse en cuenta los $ 38.000.000 que figuran en la planilla de “otros
recursos”, provenientes de la Tesorería General de la Provincia, y los $
52.257.328 que figuran en la planilla “otros egresos”, como “transferencia
transitoria a la Tesorería General de la Provincia”. De lo que se podría
inferir que, a diferencia del período anterior, donde aparecen 15 millones
tanto en “otros egresos” como en “otros recursos”, durante 2011 no se reintegró
al IAPV una suma superior a los 14 millones de pesos. Y en cualquier caso, lo
que queda demostrado es que el Poder Ejecutivo, en vez de reclamar donde corresponde,
recurre al recurso facilista de apoderarse transitoriamente de fondos de
organismos que, como el IAPV, no tienen entre sus fines financiar el déficit de
la administración pública.
Finalmente, más allá de estos datos
cuantitativos, los informes de auditoría brindan una evaluación cualitativa
sobre aspectos urbanísticos que, si bien es incompleta, es muy interesante en
función de tratarse de un documento oficial, en el que se detallan casi invariablemente
desde 2003 una serie de observaciones y recomendaciones que nadie parece leer.
Vale la pena reproducir textualmente algunos fragmentos para poder apreciar su
validez a propósito, sobre todo, de los últimos conjuntos de vivienda, en
localizaciones periféricas e inadecuadas, limitadas a la provisión de un techo
y distantes de la necesaria construcción de ciudad que el derecho a la vivienda
digna lleva implícita:
- “Se reitera lo informado en anteriores
oportunidades con relación a la falta de planificación integral, previsión y
coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación
de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los
barrios…Se reitera lo informado en anteriores oportunidades con relación a la
falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos
que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura
básica para el normal funcionamiento de los barrios...”.
- …la falta de equipamiento comunitario al momento de
la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los
centros de salud, de educación, etc., periférico y/o cercano a los conjuntos.
Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados
que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes
a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento. Por lo expuesto
se reitera la necesidad de tomar las medidas…”
- “No se han producido modificaciones con relación a
lo informado en los anteriores informes es decir que los nuevos barrios que se
generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en
general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces
desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que
supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el
impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como
por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura,
integración social, acceso a la salud y educación entre otros.”
- “En cuanto a las condiciones de accesibilidad a los
mencionados sectores urbanos, en muchos casos, se ha observado que estos no
cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace
prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias…”
- “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo
observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo
asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas,
lo cuál se refleja en un diseño que no tiene en cuenta las características
particulares del lugar de emplazamiento y en una repetición monótona de las
unidades… “Estas situaciones sumadas a que en algunos casos no se continúa con
la trama existente, generan una incidencia importante en los costos y
mantenimiento en las redes de infraestructura. Los prototipos empleados por lo
general en planta baja apareados y en algunos casos en tiras, se implantan en
forma indiscriminada en el terreno, incluso en las esquinas de manzanas dando
por un lado lugar a problemas de medianería o de ubicación de lavaderos en la
fachada más importante de la manzana y por otro generan monotonía y falta de
identidad a los barrios…”
- “Será conveniente combinar tipologías de viviendas
agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional
y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras
como ajustar las dimensiones excesivamente provocando problemas de hacinamiento
en la convivencia entre las familias adjudicatarias… “Se reitera la necesidad
de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas
regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento
y desarrollo en áreas de futuros asentamientos…Asimismo será necesario que esta
planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras
de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es,
centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios
verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han
observado sectores con importantes número de viviendas entregadas que carecían
de los mismos…”
En definitiva, queda
claro que la construcción de viviendas sociales de la última década no ha
contribuido ni cuantitativa ni cualitativamente a solucionar el déficit
habitacional ni mucho menos a “construir ciudad”. Han sido, por el contrario,
un factor central en los proceso de expansión descontrolada y anárquica de
nuestras ciudades, y en muchos casos, funcionales a la especulación
inmobiliaria y a los intereses de las grandes empresas constructoras más que a
los de sus destinatarios. Es hora de cambiar, es el momento de comprometerse en
serio en pos de una verdadera reforma urbana que comience a garantizar a todos
los entrerrianos el derecho a la vivienda digna y a la ciudad. Derechos por los
que, en la última década, se hizo poco y mal, sobre todo a la luz de la enorme
cantidad de recursos con los que contó el Estado en comparación con épocas
anteriores. La década perdida.-
